En San Vicente del Caguán, una de las retaguardias históricas de las Farc en el Caquetá, es normal ver parches de 100 y de 200 hectáreas de bosque pelados. Son grandes huecos en el corazón de la selva amazónica que se registran sobre todo al norte del municipio, en límites con el Meta, justo donde las disidencias de la otrora guerrilla están impulsando esa tala.

Eso es una gran paradoja porque justamente las Farc, cuando eran guerrilla armada, tenían “reglas”, como manuales ambientales, que hacían más costosa y ayudaban a controlar la explotación de recursos naturales.

Ahora, dos disidencias que lideran los exjefes farianos Gentil Duarte (frente séptimo) y alias Calarcá (frente 40) cambiaron de reglas: les están dando a los campesinos la “orientación” de talar y amenazando a las autoridades ambientales para que no vuelvan a poner un pie en el territorio.

El rol de estas disidencias se ha vuelto la gasolina para que grandes terratenientes de la región aprovechen el vacío de esas autoridades y les paguen a los campesinos por ampliar sus fincas haciendo talas.

¿El resultado? San Vicente es el municipio del país en el que más árboles se tumbaron a diciembre de 2017 en todo el país. Se fueron abajo 26.632 hectáreas de bosque que representan el 12 por ciento de la deforestación nacional, según cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, Ideam. Estas son las cifras más recientes que hay.

Todo indica que este año va ser igual porque así lo vaticinan las dos alertas tempranas que ha sacado el Ideam, entidad que aún no tiene cifras por hectáreas actualizadas.

Los otros focos de la deforestación en este departamento, aunque en menor medida, están en Cartagena del Chairá y Solano, los otros dos municipios caqueteños que están entre los 25 más deforestados a 2017 y que también sufren el asedio de las disidencias.

La alerta en el Caguán

El tope de tala que imponían las antiguas Farc a los campesinos de la región era en promedio de a cinco hectáreas por campesino y solo lo podían hacer en los sitios que ellos dijeran. El que quería talar más, tenía que pagarles una multa.

CONTEXTO

Como lo contamos, esa fue durante décadas una estrategia de doble filo para la guerrilla: por un lado, esas reglas ayudaron a preservar ecosistemas y por otro, les servía como una forma de protegerse del Ejército.

Por ejemplo, si evitaban que se talaran árboles o que se echara basura en un río, era más difícil para cualquier brigada móvil rastrearlos porque no dejaban pistas de haber estado ahí.

Pero sin manuales de convivencia de la exguerrilla, la disidencia de Duarte inicialmente les ponía un tope mayor de tala (de 20 a 30 hectáreas) , pero ahora los deja talar lo que quieran donde quieran y, según nos lo detallaron dos fuentes que lo saben de primera mano porque están en el terreno, la instrucción pasó de ser un voz a voz a convertirse en una orden oficial.

Esas dos fuentes nos contaron por aparte que en abril de este año en la vereda El Camuya estaban en una reunión unos funcionarios de Parques Naturales con presidentes de juntas de acción comunal, cuando llegaron hombres que se presentaron como de la disidencia de ‘Calarcá’-que están coordinados con Duarte- sacaron a los funcionarios y “dijeron que la directriz para todos era tumbar”, nos dijo textualmente una de las personas con las que hablamos.

De hecho, La Silla supo que amenazaron a todo el equipo de Parques que está en el municipio y que desde entonces ninguno de los ocho funcionarios ha podido regresar a hacer monitoreos.

Tampoco han podido volver los funcionarios que lideran el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que el Gobierno lanzó en mayo del año pasado.

“Los declararon objetivo militar”, nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano. “Ninguna autoridad ambiental se atreve a meterse allá”, agregó.

Cuando le preguntamos a Mario Barón, director de Corpoamazonia  (la autoridad ambiental allí) si habían recibido amenazas, nos respondió que prefería no referirse al tema. Solo nos dijo que “la situación sí es muy tensionante. No puede uno moverse tan libremente”.

Sin embargo, aunque no han podido volver, sí tienen imágenes satelitales a junio de este año que muestran una nueva vía que está a punto de entrar al Parque Natural Serranía del Chiribiquete, pues apenas está a un kilómetro.

“Los comentarios en la región es que la disidencia de Duarte está abriendo varias vías solo para ellos”, nos dijo una fuente del municipio, como las antiguas trochas clandestinas que tenía la exguerrilla para comunicarse.

Intentamos conseguir estas imágenes satelitales, pero no fue posible, aunque sí confirmamos su existencia.

Pero las disidencias no son las únicas impulsando la tala.

Como lo señala el experto ambiental Rodrigo Botero en un artículo para El Espectador, justo en esa región, “en las cabeceras de los ríos Camuya y Yarí se ha presentado desde el año 2018 una incursión de grupos deforestadores que claramente están buscando dejar abiertos grandes lotes deforestados, que han sido ocupados progresivamente por familias que no estaban en la zona”.

En este video que nos pasó el representante liberal Harry González se ve la dimensión del problema. Fue grabado hace un mes.

Además de San Vicente, hay otros dos municipios donde el problema también es crítico

Los otros focos

Cartagena del Chairá es el segundo municipio más deforestado del país con 22.591 hectáreas de bosque taladas a diciembre del año pasado.

Allí, donde también hace presencia la disidencia de Duarte, rige la misma orden que en el Caguán frente a la tala.

“Ellos (la disidencia) autorizan la tala para que la gente tenga donde poner más ganado”, dijo a La Silla Alexis Tapasco, vocero del sector industrial lácteo de Cartagena del Chairá y San Vicente.

“Aquí la deforestación ha crecido a expensas de la actividad ganadera y como ya no hay restricciones, pues aún más”, agregó.

Lo que gana la disidencia incentivando la tala en este caso es que si hay más espacio para meter más vacas, hay más producción de leche y por ende, de queso, que es justamente el negocio al que le están cobrando vacuna.

Solo en ese municipio, según Tapasco, se mueven 17 mil millones de pesos anuales en queso. “Aquí hace cuatro meses la disidencia llamó al orden a los compradores de queso, les pidieron información de cuánto están comprando y a quién y con base en eso fijaron unos topes para cobrar”, dijo a La Silla.

También lo hacen para ampliar los cultivos de coca, que en este municipio se crecieron. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en 2016 había 1.187 hectáreas sembradas y a diciembre de 2017 había 1.369. Es decir, 181 hectáreas más.

Así se ve la tala en el sector de ‘Las Piscinas’ en Cartagena del Chairá

Otro foco de la deforestación es Solano, donde se fueron abajo 6.890 hectáreas de bosque (el 3 por ciento del total del país) a diciembre de 2017 y que además es una de las zonas de influencia de la disidencia del frente primero liderada por Iván Mordisco y que funciona en coordinación con la disidencia de Duarte.

Allí, como ha contado La Silla Sur, además de reclutar a niños y amenazar a los líderes que defienden la sustitución de cultivos, los árboles también están siendo víctimas.

Aunque en Caquetá se estrenó hace más de un año una estrategia para contrarrestar la deforestación que la sexta división del Ejército bautizó la ‘Burbuja Ambiental’, en la que también participan las alcaldías y el ministerio de Ambiente y que consiste en que se comparten información para poder capturar a los que talen e incautar la madera, en todos estos puntos ha sido muy difícil entrar.

“La burbuja ha funcionado en el sentido de que ha aumentado el control de tráfico de la madera, hay más capturas y más incautaciones, pero se queda en las carreteras o muy cerca de ellas y no en los núcleos del problema”, dijo a La Silla Sur Edersson Cabrera, experto en deforestación del Ideam.

Es muy probable que las cifras de este año reflejen un aumento en la tala y, mientras las disidencias sigan fortaleciéndose, la selva de Caquetá seguirá siendo la gran víctima.